Se entrelazan, entonces, los tratamientos burocráticos a las deficientes condiciones laborales para contrarrestar la eficiencia y profesionalidad de los trabajadores vinculados al sector.
En este sentido, los arquitectos de la comunidad resultan un eslabón fundamental de la gran cadena de trámites, en su misión de ejecutar proyectos, y de asesorar a quienes se interesan en construir, dividir, rehabilitar, ampliar o modificar sus domicilios, por esfuerzo propio.
De acuerdo con el criterio del arquitecto de la comunidad José Luis Pérez Laza, la principal queja que reciben por parte de la población se refiere a la morosidad en la entrega de los trabajos.
“El tiempo establecido para responder las solicitudes relacionadas con trámites legales es de 30 días hábiles, mientras que el destinado a la confección de proyectos se establece para 60 días hábiles. En este sentido hemos presentado dificultades, a partir del incremento de la demanda de nuestros servicios ante las nuevas disposiciones y trámites de la Ley de la Vivienda”, explicó Laza.
El entrevistado también apuntó el hecho de que los arquitectos no tienen oficinas para trabajar, por lo cual la mayor parte de su labor tiene lugar en su domicilio. “Todos los arquitectos, poco a poco, han creado sus propias condiciones para laborar en la casa, algunos ya tienen computadora, impresora y su mesa de dibujo”, señaló.
La inexistencia de medios para transportarse hacia las viviendas de los clientes resulta otro inconveniente, sobre todo cuando deben desplazarse a poblados como Carbonera y Mocha, lejos de la capital provincial.
“Si tú no le buscas transporte para que visiten tu casa ellos se demoran más, por supuesto, y eso beneficia a quienes tienen esa facilidad y perjudica a personas como yo que no puedo darme ese lujo”, señaló disgustada la matancera Teresa de la Caridad Rodríguez.
Por su parte, la joven Yaimeris Vázquez relató los incidentes de su abuelo, el que luego de un año aún continúa visitando las oficinas de la vivienda para actualizar la propiedad de su casa. “Los trámites se agilizan siempre que haya regalos, y todas las personas no pueden”, recalcó.
En contraposición, el jubilado René Ávila Ochoa explicó estar asombrado con la rapidez y profesionalidad del servicio y alegó: “Si bien el Sistema de la Vivienda ha pasado por muchas etapas, entre ellas, algunas donde era pésima la atención a la población, considero que hoy existen mejorías notables”.
En la actualidad en el municipio de Matanzas existen 24 profesionales vinculados al Programa del Arquitecto de la Comunidad, quienes asumen al mes más de 30 solicitudes de servicios.
El salario básico de estos profesionales es de 435 pesos cubanos, a lo que se añade un por ciento del dinero que se ingresa a partir del pago del servicio prestado.
El primer Grupo de Arquitectos de la Comunidad en Cuba nació en marzo de 1994 en Holguín, iniciativa que se trasladó a la capital matancera en octubre del mismo año.
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